El progresivo aumento de la congestión del tráfico urbano y el empeoramiento de la calidad del aire en las grandes ciudades, ha llevado a muchas administraciones locales a intervenir de manera firme para poner fin a estos problemas. Veamos cómo encajan las actividades de planificación local en el entorno normativo nacional y europeo

La Unión Europea es activa en el campo de la movilidad sostenible, centrándose principalmente en

• la mejora de la calidad de los combustibles;

• diferenciación de las fuentes de energía utilizadas en el sector del transporte;

• mejora de las normativas de emisiones y promoción de acciones adecuadas.

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han reconocido que para mejorar la eficiencia energética y el ahorro de energía, se deben adoptar estrategias adecuadas dentro del sector del transporte tales como controlar el uso de la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, este artículo enumera el entorno normativo Europeo y nacional en el que la actividad de planificación se inscribe. Con especial referencia a los aspectos políticos contenidos en la Directiva 2014/94/UE relativos a la creación de una infraestructura de combustibles alternativos para una movilidad sostenible y su transposición a nivel nacional.

ADMINISTRACIONES LOCALES Y MOVILIDAD ELÉCTRICA. PLANES REGULADORES

El consumo de energía asociado al sector de la movilidad representa una parte importante del balance energético europeo, nacional y regional y contribuye, a través de sus emisiones, al cambio climático. Seguidamente se muestra un breve resumen de los programas normativos que rigen el estado de la movilidad eléctrica a nivel global, de Europa y de sus Estados miembro.

Protocolo de Kioto – este es el tratado ambiental internacional sobre el calentamiento global, un acuerdo internacional para combatir el calentamiento global, firmado en diciembre de 1997 durante la Conferencia de las Partes en Kioto (COP3) pero en vigor únicamente desde febrero de 2005. El Protocolo de Kioto comprometió a los países firmantes a una reducción cuantitativa de sus emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo como referencia sus niveles de emisión de 1990, en porcentajes que difieren según países.

Plan de Acción de Bali, COP 15 y COP 21 – Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005, se introdujo una visión más ambiciosa enmarcada en el Plan de Acción de Bali de 2007 y posteriormente validada en 2009 en la COP 15 de Copenhague, que establecía el objetivo de limitar el calentamiento global y la necesidad de alcanzar un compromiso común, si bien diferenciado entre países más desarrollados y menos avanzados. Estos esfuerzos demuestran una evolución en las políticas de gestión del carbono formalizadas en la reciente COP 21 en París, en la que queda claro que uno de los primeros sectores en el que concretar los esfuerzos de desarrollo sostenible es el del transporte. Con referencia a estos escenarios globales, la Unión Europea es el principal valedor del Protocolo de Kioto y respondió de una manera decidida y concreta a este compromiso en el Programa Europeo de Cambio Climático (ECCP), lanzando después Acción Climática, gestionada por una Dirección General creada ad hoc y separada de la Dirección General de Medio Ambiente.

EUROPA 2020 – El compromiso de la Unión Europea quedó reflejado en la estrategia “Europa 2020”, que trazaba el camino hacia un crecimiento inteligente y sostenible y se marcaba objetivos ambiciosos en materia de cambio climático y energía. Respecto a esto último, la UE definió como objetivo prioritario la reducción en un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los valores de 1990. Propuso alcanzar este objetivo mediante la combinación de acciones que se refuerzan mutuamente, de producción de energía a partir de fuentes renovables, eficiencia en su uso y el ahorro de energía. Por lo tanto, el sector del transporte se considera estratégico, teniendo a las ciudades como punto de partida para lograr el objetivo de transformación en una economía excepcionalmente baja en carbono. Además, considerando la estrecha conexión entre los diferentes sistemas de movilidad, la UE especificó en la Directiva 2009/28/CE, relativa a la promoción del uso de energía procedente de fuentes renovables, la obligación común para todos los Estados miembro, de que para el 2020 el 10% de consumo de energía en el transporte debía ser de origen renovable.

TRANSPORTE 2050 – Los objetivos europeos, a la vista del desarrollo de la movilidad sostenible, se han puesto al día en el documento guía “Transporte 2050”, que en consonancia con la “Hoja de ruta de la Energía 2050”, define una reducción del 60% de las emisiones de dióxido de carbono en el sector del transporte, en comparación con los valores de 1990 y establece el objetivo de erradicar los automóviles de combustible tradicional de las ciudades. La eliminación de los coches de combustible convencional en el transporte urbano era precisamente el objetivo planteado en el “Libro Blanco, Hoja de ruta hacia un Espacio Único Europeo de Transporte – Hacia un sistema de transporte competitivo y eficiente en el uso de los recursos” COM 144 de 28 de marzo de 2011, relativo a la sostenibilidad de la movilidad. El objetivo de la Comisión Europea es desarrollar un sistema de transporte moderno y competitivo, estimulando el crecimiento económico y el empleo, reduciendo la dependencia de Europa del petróleo y recortando las emisiones de CO₂. Se proponen cuarenta iniciativas realistas, que se pueden dividir en tres áreas de actuación:

• creación de una red de transporte eficiente e integrada,

• estímulo del desarrollo de tecnologías y modelos de comportamiento innovadores y sostenibles, y

• creación de fondos para las mejoras estructurales necesarias.

Dentro de Europa, donde la movilidad urbana es importante tanto en términos ambientales como económicos, la Comisión Europea ha elaborado un Plan de Acción sobre Movilidad Urbana que propone establecer un marco común para promover el desarrollo de políticas de movilidad. Conscientes de que este tema es de relevancia regional y local, la Unión Europea, a través de este instrumento, pretende alentar a las diferentes autoridades (locales, regionales y nacionales) a implementar políticas integradas a largo plazo que contribuyan a una movilidad urbana más sostenible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos.

El Plan de Acción de Movilidad Urbana ofrece sugerencias interesantes. Una de las más importantes es la introducción de una dimensión de movilidad urbana en el Pacto entre Alcaldes, con vistas a establecer relaciones entre movilidad, su consumo de energía y los impactos que alteran el clima.

AFID – Desde un punto de vista normativo y relevante para el objeto de estas Directrices, es la Directiva 2014/94/UE, de 22 de octubre de 2014, también conocida como AFID (Directiva de Infraestructuras de Combustibles Alternativos), que establece una serie de medidas para la creación de una infraestructura de combustibles alternativos, para reducir al mínimo la dependencia del petróleo y mitigar el impacto ambiental en el sector del transporte. La Directiva define como combustibles alternativos la electricidad, el hidrógeno, los biocombustibles, combustibles sintéticos y parafínicos y gas natural, incluyendo el biometano. Esta Directiva, por tanto, juega un papel muy importante en el panorama regulatorio, ya que establece por primera vez, algunos de los requerimientos técnicos básicos para hacer que las infraestructuras de carga sean interoperables a nivel europeo, y define algunos deberes y objetivos en términos de planificación e infraestructuras para los estados miembros. Según el reglamento, la electricidad es un vector de energía limpia, el uso de la electricidad como combustible alternativo puede aumentar la eficiencia de los vehículos de carretera, contribuir a la reducción de las emisiones de CO² y generar beneficios en términos de mejora de la calidad del aire y reducción del ruido. contaminación, particularmente en aglomeraciones urbanas/suburbanas y áreas densamente pobladas.